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Tiene 14 años, mató, y resulta «no punible»

Tiene 14 años, mató, y resulta «no punible»

Hace días en Frontera un chico de 14 años mató de una puñalada a otro de la misma edad. Al no ser punible no irá a prisión. Los motivos.

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En la pasada edición bajo el título «Menor homicida sigue alojado en Comisaría» publicamos información obtenida extraoficialmente, relacionada a que Julián Juárez (14), imputado en el homicidio Matías Ezequiel Toloza (también de 14 años de edad) mediante una puñalada en el contexto de una discusión sostenida en la vía pública de Frontera, estaba alojado en la Comisaría 6ª de Frontera al aguardo de una decisión judicial al respecto. informa La Opinión.
Se memora que María Alejandra Feraudo de Platini, jueza de Menores de Rafaela, como consecuencia de que por la edad el agresor no resulta punible, determinó que sea puesto a disposición de la Delegación Oeste de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia con sede en Rafaela.
Posteriormente, dimos cuenta de que Julián estaba alojado en una vivienda sita en la cordobesa población de San Francisco (contigua a Frontera), en tanto en las comunidades de ambas ciudades crecen las expectativas por conocer qué pasara con la situación de Julián Juárez, habida cuenta del homicidio que se le endilga.
Cabe mencionar que en la nota de referencia -siempre obedeciendo a información obtenida en carriles extraoficiales- se mencionó que «el venidero 2 de diciembre el pibe homicida quedaría libre de toda acción que involucre a algún organismo oficial».  

MENOR NO PUNIBLE
Prestando atención a archivos periodísticos, nos remontamos a una nota publicada el 22 de abril de 2009 tras el asesinato de Daniel Capristo por parte de un menor de 14 años, comenzó a discutirse la instauración de un nuevo régimen penal juvenil.
Por entonces, periodísticamente hablando se planteó la inquietud de saberqué significa ser un menor para la ley argentina. Y se concluyó en que un chico podía obtener el registro de conducir a los 16 años, pero no se lo consideraba maduro para votar (luego cambió) o casarse. También se comprobaba que a los 10 años era responsable por delitos civiles, pero que no podía ser culpado de un caso penal hasta los 16.
La nota aludida dio cuenta de que dichas contradicciones son exclusiva responsabilidad de los legisladores, y que los especialistas concuerdan que la duración de la niñez es arbitraria y culturalmente determinada.

LA CONSTITUCION
La Carta Magna establece los derechos, garantías y deberes de los ciudadanos. Como contrato social, marca las pautas de convivencia en el país, pero no hace ninguna indicación sobre la edad. De hecho, en el artículo 75, inciso 12, dice que es tarea del legislador dictar los códigos comercial, civil y penal.
«Es el Congreso el que reglamenta a qué edad se es menor. La Constitución no lo prevé, porque no puede estar todo. Si la Constitución abarcara todos los detalles sería inmensa y habría que modificarla a cada rato», explicó Gregorio Badeni.
De acuerdo al constitucionalista, la única mención sobre la edad está en la Convención sobre Derechos de los Niños, incluida en la reforma de 1994, que afirma que la niñez llega hasta los 18 años.
«La Convención sobre los Derechos de los Niños es categórica: se es niño hasta los 18 años. La Ley 26.061 sobre Protección Integral de los derechos del Niño ratifica lo mismo», especificó Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.
«Es bueno que haya un régimen penal juvenil. Es un adelanto en términos de garantías, de asegurar un proceso justo, con un derecho a la defensa como los adultos. La edad es sólo una convención. Podemos bajar la imputabilidad a los 9 años, pero la discusión debe ser las garantías procesales», enfatizó Schulman.

EL CODIGO PENAL
«La edad de imputabilidad la determina el legislador y no hay nada que obligue a optar por un rango específico. El Código Penal, sancionado en 1921, establecía en los artículos 36, 37 y 38 la imputabilidad a los 14 años. En 1954, la Ley 14.394 creó el Régimen de Minoridad y en 1980 se introdujo la modificación complementaria -con la Ley 22.278- que establece la inimputabilidad hasta los 16 años», manifestó Hugo Cataldi, juez en lo Criminal.
Según el Régimen de Minoridad, un chico menor de 16 años no es punible. «La ley presume su incapacidad para discriminar y no admite pruebas en contrario, por más grave o aberrante que haya sido el delito», explicó Cataldi.
«Inimputable significa que no comprende la criminalidad de sus actos. No tiene capacidad de culpabilidad, porque no dirige sus acciones», comentó el abogado penalista Adolfo Tamini.
«Si un chico de 14 años mata a una persona y, a través de pruebas psicológicas se puede demostrar que era plenamente capaz de delinquir, que entendía la criminalidad de sus actos y que tuvo la voluntad de asesinar, la ley no admite ninguna prueba en contra de su incapacidad y no pude ser penalmente sancionado», señaló dicho magistrado.
Establece el Régimen Penal Juvenil que de los 16 a los 18 años algunos delitos pueden ser punibles, pero no admiten castigo «los delitos de acción privada -aquellos que sólo pueden ser perseguidos por el propio damnificado, como el de calumnias e injurias-, los delitos reprimidos con una pena inferior a los dos años de prisión y los que tienen por sanción una multa o inhabilitación».
«Si un chico de 17 años comete un homicidio sí puede ser privado de la libertad, pero por un hurto no puede ser penado, excepto que sea hurto calificado o robo con armas que, como tiene una pena mayor a los dos años, sí es punible», explicó el juez Cataldi. Según el Código Penal, de los 18 años hacia arriba intervienen los jueces de mayores y cualquier delito puede ser castigado. Sin embargo, hay un Régimen de Menores Adultos que se aplica a los detenidos de entre 18 y 21 años -y es extendible hasta los 25 años- que establece la necesidad de separarlos de los adultos en las unidades del Servicio Penitenciario.
Para los especialistas, en los casos de menores que cometen delitos hay «un vacío legal» y sólo se puede aplicar una medida tutelar por parte del magistrado, con el objetivo de cuidar sus derechos.

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