Los abogados podrán intervenir en gestiones judiciales y extrajudiciales para recuperar obligaciones tributarias en mora y otras acreencias administradas por la Dirección General de Rentas. Las designaciones fueron oficializadas mediante resoluciones del Ministerio de Economía provincial.
El Ministerio de Economía de Córdoba formalizó la designación de siete abogados como procuradores fiscales de la Dirección General de Rentas (DGR). Los profesionales tendrán a su cargo la gestión judicial y extrajudicial del cobro de deudas impositivas pendientes y otras acreencias no tributarias administradas por el organismo provincial.
Las designaciones se establecieron mediante siete resoluciones firmadas por el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el viernes 16 de octubre.
Los nuevos procuradores fiscales son Elina Mariel Bianco, Lucas Ismael Peralta, Augusto Catriel Rivata, Rodrigo Hernán Petryszank, Mariano Astiz Campos, Alvar Liendo Almadriz y María Victoria Alegría Cáceres.
Qué funciones tendrán los nuevos procuradores
Según las resoluciones, los abogados podrán actuar en las distintas circunscripciones judiciales de Córdoba para reclamar obligaciones pendientes por vía judicial y realizar gestiones extrajudiciales destinadas a conseguir su cancelación.
La incorporación de estos profesionales se enmarca en el sistema provincial de procuración fiscal, que permite a la Dirección General de Rentas contar con representantes habilitados para intervenir en la recuperación de créditos tributarios y no tributarios.
Entre los fundamentos de las medidas, el Ministerio de Economía señaló que las designaciones buscan contribuir a una mayor eficiencia en la gestión de cobro de las obligaciones en mora.
Cada profesional comenzará a ejercer la representación de la Provincia una vez que complete el legajo correspondiente y constituya la fianza exigida por la normativa vigente.
Además, las resoluciones establecen que las designaciones no generarán egresos para el Estado provincial, de acuerdo con las condiciones previstas en la reglamentación.
Cómo funciona el sistema de procuración fiscal
Los procuradores fiscales representan a la Provincia en los procedimientos destinados a recuperar deudas. Su actividad se desarrolla bajo la órbita de la Fiscalía Tributaria Adjunta, organismo encargado de organizar, supervisar y auditar la gestión de cobro judicial.
El sistema está regulado por el Decreto 2445/2023, que establece las condiciones de actuación de estos profesionales y su régimen de honorarios.
De acuerdo con esa normativa, los procuradores no perciben un sueldo provincial por su designación. Su retribución se basa en los honorarios profesionales establecidos por el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de Córdoba, correspondiente a la Ley 9459, según las escalas y porcentajes aplicables.
La reglamentación también dispone que no pueden cobrar sus honorarios antes de que la Provincia haya percibido íntegramente el crédito reclamado. Asimismo, no están habilitados para recibir directamente pagos de los contribuyentes ni para cobrar honorarios a la Provincia cuando las costas judiciales quedan a cargo del Estado.
En los casos en que se acuerden planes de regularización o refinanciación, los profesionales deberán adecuar sus honorarios a las condiciones autorizadas por la Provincia.
Quiénes son los siete abogados designados
Las resoluciones identifican a los profesionales y sus respectivas matrículas:
- Elina Mariel Bianco: Colegio de Abogados de Río Cuarto. Resolución 117.
- Lucas Ismael Peralta: Colegio de Abogados de Córdoba. Resolución 119.
- Augusto Catriel Rivata: Colegio de Abogados de Córdoba. Resolución 120.
- Rodrigo Hernán Petryszank: Colegio de Abogados de Villa María. Resolución 121.
- Mariano Astiz Campos: Colegio de Abogados de Córdoba. Resolución 122.
- Alvar Liendo Almadriz: Colegio de Abogados de Córdoba. Resolución 123.
- María Victoria Alegría Cáceres: Colegio de Abogados de Córdoba. Resolución 124.
En todos los casos, las designaciones se tramitaron con intervención de la Fiscalía Tributaria Adjunta y de las áreas legales del Ministerio de Economía.
Las resoluciones publicadas no detallan cuántos procuradores fiscales integran actualmente el sistema provincial, qué volumen de deuda tienen asignado ni cuánto dinero se recuperó mediante su intervención durante 2026.
