La abogada María de la Fe Moyano se refirió al proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que se debatirá próximamente en el Congreso de la Nación, y que tiene varias miradas a favor y en contra.
Sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en estar “a favor o en contra” de la baja de la edad de imputabilidad, sino en analizar si los menores comprenden la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y cómo el Estado debe dar respuesta tanto al menor como a la víctima.
Moyano explicó que el derecho es dinámico y debe adaptarse a las nuevas realidades sociales, señalando que hoy existen delitos cometidos por menores que no siempre reciben una respuesta adecuada debido al régimen de inimputabilidad vigente.
En ese sentido, remarcó que muchos adolescentes saben que gozan de esa condición y actúan con una sensación de impunidad.
La letrada aclaró que el proyecto no propone aplicar penas de adultos a menores, sino adecuar el proceso penal a su edad, respetando sus derechos y priorizando medidas de educación, reeducación y reinserción social. “No se trata de enviar a un menor a una cárcel común, sino de analizar su contexto familiar, social y personal, y acompañarlo durante el proceso”, indicó.
Asimismo, destacó que en la actualidad, cuando un menor de entre 16 y 18 años comete un delito, intervienen el fiscal y el juez penal juvenil, y se aplican medidas orientadas a la escolarización, actividades recreativas y control familiar, reservándose la privación de la libertad solo para casos graves y por períodos breves, bajo permanente supervisión judicial.
Respecto a la posible baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, Moyano señaló que el eje del debate debe ser si un menor de esa edad tiene discernimiento para comprender la ilicitud de sus actos. “Un chico de 13 años sabe que golpear a otro o causar un daño está mal. Esa comprensión existe más allá de lo penal”, sostuvo.
La letrada también llamó a no estigmatizar a los menores por su origen social, remarcando que los delitos no son exclusivos de sectores vulnerables y que muchos jóvenes que delinquen están escolarizados y cuentan con contención familiar.
En ese marco, enfatizó la necesidad de considerar también a las víctimas y brindarles una respuesta frente al daño sufrido.
Finalmente, Moyano afirmó que el debate debe trascender lo político y centrarse en la realidad social, buscando un equilibrio entre el acompañamiento al menor, la responsabilidad por los actos cometidos y el derecho de las víctimas a obtener justicia. “Vivir en sociedad implica normas y consecuencias. El desafío es educar, responsabilizar y prevenir que el delito se convierta en un modo de vida”, concluyó.
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