La Justicia federal procesó a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, exautoridades del organismo. Ambas están acusadas de haber contribuido, mediante omisiones en los controles, a la distribución de fentanilo contaminado que provocó muertes y lesiones en pacientes.
La investigación por el caso del fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a la exdirectora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.
La causa investiga la muerte de 90 personas y las lesiones sufridas por otros pacientes que recibieron el medicamento elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.
Además de los procesamientos, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes y un embargo de 500.000 millones de pesos para cada una, una de las medidas económicas más importantes adoptadas hasta el momento dentro del expediente.
Qué les atribuye la Justicia
En una resolución de más de 290 páginas, Kreplak sostuvo que ambas exfuncionarias realizaron un “aporte concreto y necesario” para que se produjeran los hechos investigados.
Según el fallo, las acusadas no habrían adoptado a tiempo las medidas preventivas y correctivas recomendadas por los informes técnicos elaborados por las áreas especializadas de control sanitario.
Para la Justicia, esta situación permitió que lotes de fentanilo que luego fueron vinculados a graves infecciones y fallecimientos continuaran siendo producidos, distribuidos y utilizados en hospitales y clínicas de distintas provincias.
La inspección que quedó bajo la lupa
Uno de los puntos centrales de la acusación es una inspección realizada a fines de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo.
Los técnicos detectaron irregularidades consideradas críticas y elaboraron informes en los que recomendaban restricciones para la producción y comercialización de medicamentos. Sin embargo, según la acusación, las medidas administrativas se demoraron durante varias semanas.
Durante ese período se fabricaron y distribuyeron los lotes de fentanilo que posteriormente quedaron bajo investigación por contaminación microbiológica.
Reuniones y presuntas irregularidades
El fallo también menciona documentación y comunicaciones que, según la Justicia, podrían demostrar un trato preferencial hacia la empresa investigada.
Entre los elementos incorporados a la causa aparecen registros de reuniones entre directivos del laboratorio y autoridades regulatorias mientras se analizaban posibles sanciones administrativas.
Para los investigadores, esas actuaciones forman parte de una serie de decisiones que favorecieron la continuidad operativa de la empresa a pesar de las observaciones realizadas por los inspectores.
Continuarán en libertad
Aunque los delitos investigados contemplan penas elevadas, el juez decidió no dictar prisión preventiva contra las dos exfuncionarias.
Bisio y Mantecón Fumadó continuarán en libertad mientras avance el proceso, aunque deberán cumplir distintas condiciones, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
Con estos nuevos procesamientos, la causa ya suma 15 personas procesadas, entre directivos y responsables de los laboratorios involucrados.
Una causa que continúa
El expediente se convirtió en uno de los principales casos sanitarios investigados por la Justicia argentina en los últimos años.
La hipótesis principal sostiene que las fallas en los controles, junto con incumplimientos en los procesos de fabricación, permitieron que medicamentos contaminados llegaran a centros de salud de todo el país.
El procesamiento de las dos exfuncionarias suma ahora un nuevo foco sobre el papel de los organismos encargados de fiscalizar la producción y comercialización de medicamentos en Argentina.
